La Corte de Apelaciones de La Serena acogió este martes la solicitud del Ministerio Público y dictó una orden de no innovar que instruye al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de 23 imputados.
Estos individuos están acusados de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.
La decisión fue tomada en un fallo unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Rodrigo Álvarez Mercado, Roxana Camus Argaluza y la abogada (i) Carolina Salas Salazar.
Tribunal dicta orden de no innovar para evitar liberación de imputados
El tribunal determinó que mientras el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público esté pendiente, no se podrá dejar en libertad a los imputados.
“Se concede la orden de no innovar solicitada, en cuanto se dispone que no se podrá dejar a los imputados de autos en libertad”, señaló la Corte en su resolución.
Además, se instruyó al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las respectivas órdenes de detención para que los acusados ingresen a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
Prisión preventiva a los 23 imputados y reacción del gobierno
En la audiencia de formalización realizada el pasado jueves, el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva de los 23 imputados, argumentando peligro de fuga.
Sin embargo, el tribunal fijó una fianza de $2 millones para cada uno, lo que permitió su posible liberación.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su incomodidad ante la decisión del tribunal de primera instancia, declarando que “nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo”.
Esta declaración refleja la preocupación del gobierno respecto a la posibilidad de que los imputados evadan la justicia.