EL diputado de la Bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, solicitará a la Contraloría General de la República extender su investigación a todos los hospitales que componen la red asistencial del país, luego que una auditoría que realizaron al Sótero del Río -entre abril de 2022 y marzo de 2023- reveló que cerca de cien cirugías se hicieron en tiempos menores al promedio, beneficiando en estos casos a familiares de varios funcionarios.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente impresentable” que algunos trabajadores hayan utilizado el sistema a su favor, el parlamentario aseguró que es “indispensable” saber si lo ocurrido en el recinto metropolitano “es o no una práctica que se repite a lo largo de nuestro país”.
“En medio de una de las listas de espera más abultadas del último tiempo, donde casi 2,7 millones de personas se encuentran esperando recibir una atención, muchos de ellos incluso padeciendo enfermedades graves como cáncer, resulta absolutamente impresentable que algunos funcionarios, aprovechándose de su cargo, estén saltándose la fila para privilegiar a sus familiares, amigos o cercanos.
Incluso, es de una inhumanidad tremenda, porque termina retrasando la atención de otro paciente, pudiendo arriesgar de manera grave su estado de salud”, cuestionó el legislador.
Por lo mismo, Lilayú anunció que durante esta jornada recurrirá a la Contraloría General de la República para que puedan extender la auditoría al resto de los hospitales de la red asistencial, argumentando que “nadie puede descartar que esta práctica no se esté repitiendo en otros lugares”.
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Salud a iniciar todas las acciones administrativas que correspondan para identificar a los responsables y sancionarlos, insistiendo en que “la gravedad de este caso amerita que las autoridades del gobierno ejerzan todas las acciones que sean necesarias”.
“Vamos a llegar hasta las últimas instancias en este caso, porque si en un hospital hubo un grupo de funcionarios que se aprovechó del sistema para favorecer a sus cercanos, no podemos descartar que en otros recintos esté ocurriendo exactamente lo mismo. Y aquí no sólo es indispensable la rápida acción de la Contraloría, sino que también son importantes las medidas que pueda adoptar el Ministerio de Salud, tanto para investigar este tipo de conductas como también para sancionarlas con todo el rigor de la ley. Nuestra obligación es perseguir este
tipo de privilegios, más aún cuando se juega con la salud de casi 2,7 millones de chilenos”, manifestó el diputado Lilayu.
