Chile experimentó un cambio importante en su composición social, con un crecimiento económico
sostenido y buenas políticas públicas, generando una gran clase media que entre 2006 a 2018
creció del 43,2% al 65,4%. Es, sin embargo, una clase media que al pasar de los años se volvió
frágil, de cristal, que colinda con la pobreza. La falta de integración, la distancia entre los
ciudadanos y el Estado, las injusticias y la fragilidad de la vida diaria, produjeron una reacción que
estalló en tres niveles: contra los ingresos (no me alcanza), contra el abuso (no me protegen) y
contra los privilegios (no me dejan avanzar).
La mayoría de los chilenos se identifica con la clase media, que más que un segmento
socioeconómico es una cultura que reconoce las dificultades de origen y el esfuerzo como palanca
de desarrollo familiar. Es una cultura heterogénea con valores comunes como el mérito y el
esfuerzo, y, también, con riesgos comunes (enfermedad, pérdida del empleo) y con sufrimientos
comunes: clasismo de la élite, incomprensión de la autoridad y abuso del que está en una posición
de poder. Todo lo anterior hace fracasar esa percepción de mérito y esfuerzo como mecanismo de
superación.
¿Qué tenemos que hacer? Avanzar en una agenda social que incluya más ingresos, menos costos y
mayores seguridades a las familias.
La agenda social liderada por el Presidente Piñera otorga recursos directos a quienes más lo
necesitan (aumento de pensiones, ingreso mínimo garantizado, bono de ayuda familiar),
disminuye costos (rebaja de contribuciones y transporte público para adultos mayores,
congelamiento de alza de servicios básicos, remedios más baratos, etc.) y aumenta seguridades
(plan universal de salud, tiempo máximo en listas de espera, seguro catastrófico, término a
discriminación por género y edad en Isapres). Es un esfuerzo urgente, sabiendo que necesitamos
de una hoja de ruta más larga que lo haga suficiente.
En el Ministerio de Desarrollo Social queremos acompañar esta agenda social con reformas en
cinco sentidos: medir mejor los factores que determinan la vulnerabilidad social, incidir mejor en
la evaluación social de los programas incorporando variables relacionadas a la cohesión, terminar
con el “comprahuevos” que afecta al ciudadano frente a los beneficios del Estado, focalizar mejor
los programas públicos, y avanzar en regulaciones que terminen con los abusos en sectores
vulnerables.
Debemos avanzar en mayores grados de cohesión social. No basta con reducir las disparidades en
riqueza e ingresos; necesitamos sentir que somos culturalmente heterogéneos, pero que al final
del día somos miembros de una misma comunidad; una comunidad que se sustenta en un
supuesto básico de igualdad democrática, en que esfuerzo y mérito se distribuyen de manera
equitativa. Y, además, que entre el Estado y las personas existe una sociedad capaz de generar ese
sentido común que puede catalizar demandas y generar visiones comunes.
Sebastián Sichel
Ministro de Desarrollo Social y Familia
