La Contraloría General de la República solicitó un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la permanencia de Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Venezuela, tras ser expulsado en agosto de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, junto al resto del cuerpo diplomático chileno.
La indagatoria surge a raíz de una denuncia de la fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el excandidato a constituyente del Partido Republicano, Edmundo Palamara, que cuestiona la legalidad de las remuneraciones que Gazmuri continuó percibiendo tras regresar a Santiago. Según el organismo, el exsenador del PS habría recibido más de $21 millones mientras cumplía funciones asignadas en Venezuela.
La fundación solicitó que Contraloría determine si las remuneraciones fueron legales y, de no serlo, que Gazmuri devuelva al Fisco los montos percibidos. “El Fisco debe ejercer todas las acciones necesarias para su total reintegro”, subraya la denuncia.
La Cancillería declaró estar disponible para colaborar con la investigación. “Siempre estamos disponibles para colaborar con todo lo que requiera la Contraloría”, afirmaron desde el ministerio. El organismo tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir el informe solicitado.
Este cuestionamiento se da en un contexto donde el embajador permaneció como representante diplomático a pesar de que Venezuela cortó relaciones con Chile. Finalmente, el Gobierno cesó a Gazmuri días antes de la investidura de Nicolás Maduro para su nuevo mandato.
Defensa del Ejecutivo
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la decisión de mantener a Gazmuri en su cargo hasta ese momento. “Nosotros hasta hoy día mantuvimos el cargo de embajador en la expectativa de poder retomar la normalidad”, declaró. Sin embargo, justificó el cese explicando que, ante la ausencia de avances en las relaciones diplomáticas y el inicio de un nuevo mandato de Maduro, Cancillería consideró oportuno terminar la misión de Gazmuri.
Tohá también destacó que, aunque se retiró al embajador, el consulado chileno en Caracas sigue funcionando con personal reducido para garantizar servicios básicos a los ciudadanos.
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AGENCIA UNO
