La Corte Suprema presentó un informe sobre el proyecto de ley que busca mejorar la persecución del crimen organizado en Chile.
El análisis, discutido el 2 de septiembre de 2024, se remitió a la presidencia del Senado al día siguiente.
Este proyecto propone un nuevo estatuto de prevención y persecución de actividades delictivas atribuibles a organizaciones criminales.
El informe advierte sobre los riesgos que las medidas planteadas pueden generar si no se ajustan adecuadamente.
La Corte enfatiza la necesidad de revisar críticamente algunas disposiciones para proteger los derechos fundamentales y asegurar que las sanciones sean proporcionales y justas.
Preocupaciones sobre derechos fundamentales
En el documento, la Corte Suprema subraya que las medidas preventivas y sanciones, como penas accesorias, pueden imponerse sin garantías procesales adecuadas.
Por su parte, este hecho amenaza la presunción de inocencia y los principios de igualdad y legalidad, afectando potencialmente a personas que no han sido formalizadas.
“La inclusión de medidas que pueden imponerse sin las garantías procesales adecuadas podría resultar en un tratamiento desproporcionado y arbitrario”, se señala en el informe.
Además, se critica el enfoque del proyecto hacia un modelo de derecho penal que podría implicar castigos para terceros, como familiares o convivientes de los acusados. Este aspecto se considera incompatible con los principios del derecho penal moderno.
Recomendaciones de la Corte Suprema
Finalmente, la Corte Suprema recomienda realizar ajustes significativos para garantizar que las medidas sean implementadas solo cuando sea estrictamente necesario y respetando siempre los derechos humanos.
“Sería recomendable realizar ajustes fundamentales al proyecto para asegurar que cualquier medida implementada esté firmemente basada en la necesidad, la proporcionalidad y el respeto por los derechos fundamentales”, concluye la Corte.