La investigación, que inició el 2017, detectó emisores y receptores de facturas electrónicas falsas.
En el marco de una nueva sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas por el fraude “Operación Tributos”, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, reveló que habría 4 mil 900 contribuyentes involucrados en otro delito tributario.
En su intervención, el titular del organismo expuso otro caso de fraude llamado penalmente como “Caso GIFF”, que consiste en la creación de sociedades de papel y omisión masiva en base a documentación tributaria falsa. En concreto, la investigación, que inició el 2017, detectó 103 emisores y 4.900 receptores de facturas electrónicas fraudulentas.
A raíz de lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos determinó que las empresas receptoras detectadas presentaban características irregulares similares, como registrar domicilios en oficinas virtuales, su capital no coincidía con las operaciones efectuadas y presentaban indicios de no estar desarrollando efectivamente su actividad económica.
Bajo este contexto, la presidenta de este comité y diputada de la bancada del PPD, Camila Musante, criticó al organismo por no tomar acciones preventivas.
«Qué es lo que hace falta para que el servicio tome una decisión, como generar el bloqueo preventivo de emisión de facturas electrónicas», mencionó la parlamentaria.
En esa misma línea, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, cuestionó el hecho de que «no existan denuncias contra el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para determinar responsabilidades que existían al interior del organismo».
En vista de estos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en contra los contribuyentes y receptores detectados por el Departamento de Delitos Tributarios.
