Esta investigación es resultado del caso Audio y por supuesto que se pueden abrir nuevas aristas
Luego de su formalización por los delitos de revelación de secreto, el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quedó bajo prisión preventiva mientras se desarrolla una investigación en su contra por filtración al abogado Luis Hermosilla, en al menos 5 causas.
La fiscalía logró entregar los suficientes antecedentes para que la jueza Francis Felle Franco determinara la medida cautelar más gravosa, la que deberá ser cumplida en el cuartel de la PDI de Cerrillos.
La fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, envió un mensaje claro para la institución de la PDI, señalando que esto no debe afectar la relación de la policía con el Ministerio Público.
“Nosotros tenemos un excelente trabajo con los funcionarios de la PDI. Esto no puede enlodar nuestras relaciones y por eso es tan importante y fundamental esta resolución».
«Se debe, en este caso, establecer como una conducta grave que un funcionario público remita antecedentes de manera reiterada a un abogado, en este caso que puede tener intereses particulares. Y es eso lo que la magistrada dio por acreditado en este caso”, declaró Parra.
“Esta investigación es resultado del caso Audio y por supuesto que se pueden abrir nuevas aristas”, resaltó la fiscal.
El abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, se refirió a la decisión de la magistrada y señaló que considerarán apelar a la decisión una vez se revisen los antecedentes.
“(La Magistrada) hizo una distinción bien importante entre los delitos serios con base de violación de secreto de documentos, que tenía una pena menor, y aquellos hechos que estaban amparados por la ley de lavado de activos», apuntó el abogado.
«La acumulación para el tribunal tienen un efecto mayor. Y eso hace presumir, al menos que a esta altura de la investigación, la acumulación de esas posibles penas potenciales hace necesario entonces mantener una persona privada de libertad», señaló.
«Vamos a estudiar y ver si es necesario y si realmente es razonable apelar por ahora, o simplemente nos vamos a conformar para hacer diligencias”.
Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, resaltó la posición del Gobierno que, señala, es la misma para todos los casos de corrupción que lleve la justicia.
“Respecto de la causa abierta en relación al exdirector de la PDI, la Fiscalía sabe cuál es la opinión del Ejecutivo. Delitos como este en que está en duda el funcionamiento de las instituciones del Estado, la probidad de funcionarios públicos deben investigarse con la mayor prioridad”, señaló Tohá.
“Lo que hay que cuidar es que estén todas las condiciones para que esa investigación se haga de buena manera, con todos los antecedentes, con toda la colaboración institucional, sin ningún tipo de presión o interferencia que impida sacar adelante de buen modo esa investigación”.
Por su parte, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión Investigadora por el Caso Hermosilla definió citar a una serie de políticos implicados en los nuevos antecedentes conocidos.
Entre ellos están los jefes subrogantes de la Contraloría y la PDI, Dorothy Pérez y Claudio González; el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y los excolaboradores de la administración de Sebastián Piñera: Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior; y los exministros del Interior, Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick.
Si bien la prisión preventiva fue interpuesta como medida preventiva por 120 días, la decisión puede ser apelada por parte de la defensa del exdirector Muñoz.
