Nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es su suspensión y como son tantos los hechos, su expulsión
Luego que se conociera la decisión del juez Daniel Urrutia, que autorizó que reos de alta peligrosidad realizaran videollamadas desde el interior de la cárcel, las críticas y peticiones de remoción no se hicieron esperar por parte del mundo político.
Desde la oposición, la UDI reafirmó sus críticas contra el funcionario. El senador Iván Moreira se refirió a quienes defienden la decisión de Urrutia y declaró que solicitan a la Corte Suprema medidas como su suspensión o expulsión.
«Se ha generado una controversia de los muy pocos que defienden al juez Urrutia, sosteniendo que él ha actuado en derecho. Podrá tener jurisdicción, pero no puede sobrepasar el tema más importante para el país, que es la seguridad nacional», señaló.
«Los hechos del juez Urrutia no son aislados, es una conducta permanente de un privilegio especial a quienes cometen violencia, y en este caso al crimen organizado», agregó.
«Nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es su suspensión y, como son tantos los hechos, su expulsión«, declaró Moreira.
Por su parte, el Ejecutivo reafirmó su posición rechazando la decisión, esto luego que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuviera una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
El ministro, al ser consultado, declaró que existen razones para sostener la ilegalidad de su decisión.
«La posición del Ejecutivo es enfática sobre este tema, en primer lugar es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, en segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento”.
“Y en tercer lugar, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad del país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esta decisión«, explicó el ministro de Justicia.
Desde la defensa del juez, su abogado, Carlos Quezada, defendió la calidad de imputados de los reos que aún no son condenados, por lo que, según se establece en la legislación, no existiría ilegalidad.
El abogado, además, se refirió a la polémica causada por el caso, en donde calificó a las críticas emanadas desde el mundo político, en algunos casos, «hasta ridículas«.
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que la decisión del juez Daniel Urrutia de autorizar videollamadas a privados de libertad con alta seguridad, "infringe las normas que regulan el derecho penitenciario".
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— AgenciaUno (@agenciaunochile) February 19, 2024