Este martes, se decretó prisión preventiva para cuatro carabineros imputados por el delito de torturas y otros ilícitos en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.
De esta manera, el Juzgado de Garantía de la mencionada ciudad acogió la solitud de la Fiscalía, quienes pedían esta medida para los efectivos policiales de iniciales J.A.C.P., R.M.B.T., A.M.A.U. y E.A.G.C.
Esta orden por parte del magistrado Guillermo Cofré se debe a que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
Además, en la audiencia de formalización se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a otro funcionario policial por el delito de obstrucción a la investigación.
El Ministerio Público fijó en 75 días el plazo de investigación.
Los hechos
Los carabineros trabajaban en la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, quienes el 19 de julio de 2023, detuvieron a la víctima por el supuesto delito de violación de morada. La persona aprehendida se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones.
«El comandante de Carabineros J.A.C.P. le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo y el ingreso de los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C. a la celda, quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta«, señala el ente persecutor, según consgina el Poder Judicial.
«Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., la que culpaba al detenido por no haber podido terminar su jornada», agregan.
Luego de la golpiza, «los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poner mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima«.
Víctima denuncia agresiones en la 3° Comisaría de Alto Hospicio
La víctima denunció a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio las agresiones anteriormente relatadas el 4 de agosto de 2023, apuntando al comandante de la unidad la responsabilidad de este hecho.
«Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023″, detalla el Poder Judicial.
«El 4 de agosto, cuando la víctima fue a hacer la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el DVR para llevarlo a la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo», agregan.
Para desligar responsabilidades y cubrir su participación del hecho, una vez iniciada la investigación, J.A.C.P coordinó las declaraciones de los implicados.
Asimismo, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido.
FUENTE:
AGRICULTURA.CL
AGENCIA UNO