Estamos hablando de alrededor de 60 mil millones de pesos mensuales de menos ingresos”.

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, declaró que las instituciones privadas de salud no podrían continuar ofreciendo servicios después de que se apruebe la Ley Corta en caso de que la suma a pagar permanezca en los mil millones de dólares.

Durante una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado, el representante de las Isapres se refirió al proyecto que actualmente se encuentra siendo discutido y señaló que «el fallo de GES es un elemento realmente gravísimo, si se aplicara el GES lo más probable que no más de 3 meses las Isapres podrían mantener el equilibrio y las coberturas».

«Estamos hablando de alrededor de 60 mil millones mensuales de menos ingresos, como lo pudo comprobar la Comisión Técnica, estamos hablando del 12% menos de los ingresos de las compañías y hoy las Isapres están en un equilibrio precario«, agregó.

«Hoy las compañías no podrían superar esa disminución de ingresos, es muy importante hacerse cargo de esa urgencia«, apuntó Arriagada.

El fallo contra las Isapres

La crisis de las Isapres se remonta al fallo de la Corte Suprema que exige que dichas instituciones devuelvan los excedentes a sus afiliados que fueron cobrados por los ajustes en las tablas de factores que hicieron que las personas pagarán más de lo que establecía la legislación.

Cabe recordar que a inicios de este mes la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por las Isapres Consalud, Cruz Blanca y Colmena, en donde se buscaba una salida alternativa al millonario pago por el aumento de las primas GES que eran aplicadas a los usuarios.

Lo anterior implica que no existan más obstáculos para cumplir con el fallo de la Suprema que obliga a las Isapres a devolver lo pagado extra por sus afiliados.

Además, en la actual discusión por la Ley Corta de Isapres, el Ejecutivo indicó una disminución del monto a pagar, el que bajó de $1.400 millones de dólares a $1.000 millones de dólares, sin modificar el plazo de 10 años en el que se deberá pagar la deuda por parte de las Isapres.

 

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