Arturo Valenzuela, abogado de Equipo Defensa, calificó de esta manera la acción judicial que las isapres Consalud, Colmena y Cruz Blanca presentaron para anular el fallo de la Corte Suprema sobre el precio del GES.
Hace poco, la Corte Suprema propinó un nuevo golpe a las isapres al determinar que las
aseguradoras no pueden subir el precio de la prima GES, como lo venían haciendo desde
octubre pasado.
“La Corte Suprema resolvió los recursos de protección que habían presentado los afiliados
de las isapres por el alza en promedio de un 48,7% en el valor de la prima GES que se
aplica por cada una de las cargas del cotizante”, explica Arturo Valenzuela, abogado de
Equipo Defensa . Agrega que “en su fallo la Tercera Sala del máximo tribunal establece que
deberán volver a cobrar lo que habían fijado en el período anterior, es decir, entre 2019 y
2022. El fallo establece además que esto aplica sobre la totalidad de la cartera de cotizantes,
y no solo para quienes recurrieron a la Justicia”.
Como respuesta al fallo, la Isapre Consalud interpuso ante el máximo tribunal un incidente
de nulidad procesal, que significa que la aseguradora le pidió a la Suprema que declare la
nulidad de la sentencia que dictó el pasado 10 de agosto sobre el ajuste del precio GES. En
su recurso, al que se sumaron Cruz Blanca y Colmena, Consalud acusa que la Suprema
infringió "diversas normas constitucionales, legales y reglamentarias".
“De las reacciones que han mostrado las isapres, parece que ellas están luchando por cuidar
los cargos gerenciales más que cuidar a sus cotizantes. Si su real interés fuera por sus
afiliados, ellos estarían informando de las reingenierías de sus procesos para ofrecer
mejores servicios a menor costo, como lo ha hecho el resto del país para sobrellevar la
crisis económica que nos afecta a todos, en lugar de presentar recursos judiciales para
revertir los fallos de la Corte Suprema”, sentencia Arturo Valenzuela.
En una nueva fase de su ofensiva, Consalud presentó además un incidente de recusación
contra los miembros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, acción legal que impugna la
imparcialidad de los ministros.
