Congresista discrepó con el informe de la comisión investigadora en el punto que señala responsabilidades políticas de autoridades durante la crisis del agua potable en 2019.
“Son una vergüenza. Nos mintieron, nos engañaron, nos humillaron y lesionaron nuestra dignidad”. Con dureza, el diputado Javier Hernández se refirió a la empresa Essal, en el marco de la aprobación del informe de la comisión especial investigadora del accionar de los órganos públicos para afrontar la emergencia producida por la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de Osorno que el 11 de julio del 2019.
En la sesión, realizada recientemente en el Congreso, el parlamentario de la Región de Los Lagos expresó, con vehemencia, su solicitud de que “Essal nunca más vuelva a pisar suelo chileno”, recordando los detalles de la llamada “crisis del agua”, que tuvo a la ciudad de Osorno por más de diez días sin este suministro básico, arriesgando una tragedia sanitaria de proporciones.
Hernández subrayó no estar de acuerdo con el punto que atribuye responsabilidades políticas a las autoridades, apuntando a negligencia. “Discrepo porque, en definitiva, lo quese hace es culpar injustamente al Presidente, al Ministro de Obras Públicas y, principalmente, al Intendente. Yo estuve presente durante toda la emergencia sanitaria en Osorno y pude ver en terreno cómo todas las autoridades estuvieron a la altura de la situación, dando su mayor esfuerzo”, esgrimió.
El legislador reiteró que, en la oportunidad, la crisis dejó en evidencia que la infraestructura y las políticas de prevención y seguridad de Essal estaban obsoletas, no siendo suficientes para garantizar la calidad y continuidad del servicio, sobre todo, en situaciones de emergencia. Y recordó también que la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó a Essal una multa histórica de más de $1.640 millones, la sanción más alta que se ha cursado
en el sector sanitario.
Al respecto, Javier Hernández aclaró que “Aguas Andinas vendió su participación en Essal a la empresa canadiense Algonquin, situación que ha generado, a lo menos, incertidumbre en la comunidad. Es importante aclarar que la multa se traspasa al nuevo dueño y que el expediente de caducidad aún se encuentra en desarrollo”, dijo.
Del mismo modo, recalcó que “presenté una serie de propuestas que fueron aprobadas en la comisión y que buscan mejorar la función de la Superintendencia, bajo el entendido que esta debe fiscalizar con mayor ahínco a las empresas sanitarias. Sin duda, el trabajo de los entes
fiscalizadores es primordial para asegurar la calidad de los servicios sanitarios y, por tanto, el bienestar y la salud de las personas”.
El congresista, quien en la comisión rechazó la propuesta relativa a transitar de un sistema concesionado a uno estatal por ser igualmente imperfecto, y señaló que “perdimos la oportunidad histórica (en las conclusiones de este informe) de radicar la responsabilidad única y exclusiva en una empresa privada que confundió el legítimo derecho a obtener ganancias por una verdadera estafa amparada por una legislación inoperante”, agregando
que “Essal no se fue del país; arrancó de Chile, por la vergüenza que debieron sentir por el perjuicio causado a la gente de Osorno”.
