A principios de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 437.703 trabajadores recibieron el Bono Clase Media de forma irregular, declarando un sueldo diferente al real. Del total, 400.603 correspondieron del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado.
Según publicó El Mercurio, en estos últimos, están involucrados funcionarios de diferentes sectores del Estado, como por ejemplo, la PDI, Carabineros, el Poder Judicial y Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros.
Por los hechos, la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación para determinar responsabilidades penales entre quienes recibieron el dinero, de un monto máximo de $500 mil, sin cumplir el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de julio, respecto del promedio de ingresos totales de 2019.
De acuerdo a lo recabado por el diario, en el Ministerio Público se han abiertos 46 sumarios por el caso, mientras que en el Poder Judicial 230, y en el Tribunal Constitucional (TC) dos. Ninguno de los casos involucraba a ministros de las magistraturas, y tampoco a jueces del Poder Judicial o miembros del escalafón superior, pero sí a funcionarios de la Corte Suprema. En el caso del CDE, hay 10 casos, pero que según declararon, ya reintegraron el dinero.
En Carabineros se reportaron 1.370 funcionarios, entre uniformados y civiles. Y en la PDI, se identificaron 48 miembros. Desde la PDI se adoptarán “las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectadas sus remuneraciones y que estaba al tanto de las implicancias administrativas en el caso de solicitarlo”.
Al interior de la Subsecretaría del Interior hay 30 sumarios internos, en Prevención del Delito cuatro, y en Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) se contabilizan seis casos.
En tanto, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional están aún en espera de los resultados de un oficio enviado al SII , y en Gendarmería y Sename dijeron que dicha información debía pedirse por Ley de Transparencia.
Fuente agricultura.cl
