La mejor manera de definir una buena estrategia para paliar los efectos económicos del covid-
19 es un adecuado diagnóstico acerca de a qué nos enfrentamos. En este sentido, parece claro
que se trata de una situación muy distinta a crisis económicas previas, incluso a episodios
originados por enfermedades todavía más letales, pero de más lenta propagación.
De acuerdo con expertos en la materia, el peak de contagios a escala global se alcanzaría en
algunas semanas, y luego vendría un proceso de remisión relativamente rápido, como muestra
la experiencia de China. Aunque no hay nada que garantice que se repita esta secuencia, se
trataría de un fenómeno esencialmente transitorio o en forma de V, esto es, con efectos muy
severos pero de corta duración.
En economía hay un principio básico, que dice que si se sufre un shock transitorio -negativo en
este caso- no hay que reducir el gasto, sino más bien financiarse o des ahorrar. Esto, porque se
supone que eventualmente el shock desaparece y los flujos de ingresos vuelven a la
normalidad. Solo en el caso en que los shocks son permanentes hay que ajustarse, ya que no
podemos financiar un déficit de ingresos por mucho tiempo.
Lo anterior, de alguna manera orienta las respuestas de política económica que debemos
tomar en esta crisis. Estas deben ser muy rápidas e intensas, para atenuar la profundidad de la
recesión -que parece inevitable- y para reducir el riesgo de una crisis más persistente.
El Presidente, junto al Ministro de Hacienda y el resto de los ministros acaba de anunciar un
conjunto de medidas fiscales, y la pregunta que tenemos que hacernos es si este paquete esta
a la altura del desafío. Por el monto en dólares (11.750 millones), y en puntos del PIB (4,7%),
parece un paquete potente. Sin embargo, al revisar las distintas medidas parece un esfuerzo,
que si bien va en la dirección correcta, puede ser insuficiente. El problema es que la actual
emergencia económica exige que el fisco mitigue la caída en la demanda agregada, lo que no
es para nada seguro que se logre de manera significativa con las medidas anunciadas.
Concretamente, los aumentos en el gasto son los referidos al 25 constitucional, de unos US$
1.400 millones, la inyección de US$ 2.000 millones al Fondo de Cesantía Solidario, el bono
Covid-19, por US$ 130 millones, la reducción del impuesto de timbres y estampillas, US$ 420
millones, y recursos para las municipalidades por US$ 100 millones. Lo anterior suma US$
4.050 millones, o algo menos de 2% del PIB. En cambio, las medidas de financiamiento suman
US$ 7.440 millones aproximadamente.
Estimo que hace falta complementar el esfuerzo con medidas de reactivación una vez que
concluya la emergencia sanitaria. En este sentido, se puede impulsar un plan de inversiones en
infraestructura que es altamente demandante de empleo. Este plan podría incluir la
recuperación de áreas afectadas por el estallido social, y podría servir para darle legitimidad
social a la recuperación del espacio público.
Es importante recalcar que este esfuerzo fiscal es de carácter transitorio y no debe afectar la
sostenibilidad de las cuentas fiscales. También es importante advertir que el exceso de
ortodoxia nos puede llevar a una recesión prolongada y a una peor situación fiscal.
Alejandro Puente
Docente de la Escuela de Ingeniería Comercial
Universidad Santo Tomás
