También busca establecer nueva causal de caducidad de la concesión y elevar multas por negligencia.
Una iniciativa que propone modificar la ley general de servicios sanitarios con el propósito de que las empresas concesionarias del servicio público remitan a lo menos una vez al año a la Cámara de Diputados, un detalle con los planes de desarrollo e inversión vigentes en nuestro país, debidamente actualizados, y que cuenten además con la firma o rúbrica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, presentó el Diputado Javier Hernández.
El proyecto que contiene como artículo único que se incorpore un nuevo artículo 35 bis en el D.F.L. 382 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, de acuerdo al siguiente texto: “Asimismo la concesionaria deberá remitir en el mes de marzo y noviembre de cada año a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el detalle de los planes de desarrollo e inversión, debidamente firmados por la superintendencia del ramo, destinados a asegurar la continuidad y calidad del servicio sanitario. Así mismo deberá remitirse por la empresa, una tabla que detalle el nivel de cumplimiento de aquellos planes”, explicó el legislador.
En paralelo, el parlamentario ingresó un proyecto que busca imponer nuevas obligaciones a las concesionarias, establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones y elevar el monto de las multas aplicables en caso de infracción.
“Esta iniciativa incluye como causal de caducidad de la concesión la contaminación de las aguas producidas por negligencia, incumplimiento del plan de emergencia ante la suspensión del servicio y la reiterada falta de entrega de información oportuna a autoridades”, subrayó Javier Hernández, respecto a este proyecto de ley que se presenta junto a los diputados Jaime Mulet, Jenny Álvarez, Daniel Núñez, Alejandra Sepúlveda, René Alinco, Esteban Velásquez, Félix González, Jorge Sabag y Pedro Velásquez.
Frente a la renuncia de Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andina, Hernández esgrimió que “me parece que debe poner en alerta al país y especialmente a las autoridades regionales, ya que a un mes de la crisis por corte de suministro de agua potable en Osorno por lapso de 10 días es la segunda cabeza que sale de su cargo. Anteriormente fue el gerente general de Essal, Gustavo Gómez Jiménez”.
Añadiendo que “si bien, públicamente he pedido a Essal que como acto de decencia deje la concesión en la ciudad de Osorno, eso es muy distinto a que individuos, responsables directos de la emergencia sanitaria y humillación colectiva sufrida por la población de la ciudad, dejen sus cargos buscando evadir responsabilidades ante la justicia”.