Los diputados Harry Jürgensen del Distrito 25 y Miguel Mellado del distrito 23 presentaron una moción este miércoles que busca aumentar las penas para quienes de manera ilegal ocupen bienes inmuebles violentando el derecho a la propiedad privada.
Según plantean los parlamentarios la situación resulta preocupante si se considera que solo en la provincia de Malleco once predios han sido ocupados por grupos, comunidades o familias mapuches que los reclaman como suyo. A esto hay que sumar las tomas de los municipios como Colipulli y Ercilla hechos que han afectado a cientos de vecinos que se ven impedidos por pequeños grupos de realizar sus actividades y tramites con normalidad.
En este contexto, las penas que establece el sistema penal chileno resultan insuficientes para desincentivar y sancionar estos actos que atentan contra la propiedad y que se están volviendo cada vez más recurrentes, indican los parlamentarios.
Desde la década del 90 la región de La Araucanía y también la del Biobío se han visto afectadas por hechos delictuales protagonizados inicialmente por comunidades indígenas que reivindicaban tierras y luego por grupos organizados que tomaron esa bandera de lucha y la llevaron adelante, con la violencia como principal instrumento.
Las tomas de predios forestales fueron las primeras acciones, pero luego fueron escalando a ataques a camiones con intimidación y amenazas a sus ocupantes, ataque a buses de pasajeros que circulan por las denominadas zonas de conflicto, y lo que se ha hecho más recurrente, ataques incendiarios en predios agrícolas de particulares que nada tienen que ver con el conflicto y que lejos de eso han trabajado por años en campos heredados por su familia o adquiridos con esfuerzo, por aportar desde su ámbito de acción al desarrollo de La Araucanía.
«La toma de inmuebles o propiedades hoy día solo es sancionados con penas de multas y están entre las más bajas de la legislación chilena. Lo que estamos pidiendo es que la ley actúe en defensa de los propietarios de un inmueble y cambie las multas por pena de presidio menor en su grado máximo cuando sea con violencia y presidio menor en su grado medio cuando la toma sea pacifica. No podemos seguir amparando las acciones vandálicas de quienes se creen con el derecho de pasar por sobre el derecho de quienes solo buscan vivir y trabajar tranquilamente y que se ven actualmente desamparados e indefensos», finalizo el parlamentario Harry Jürgensen.
